Persecución de fraudes transfronterizos: herramientas, cooperación y estrategias

La globalización de los flujos financieros ha generado como contrapartida inevitable la globalización del fraude. Esquemas sofisticados de defraudación —fraudes de inversión, corrupción corporativa, lavado de activos derivados de delitos económicos, fraudes en licitaciones internacionales y manipulación de mercados— trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas igualmente transnacionales.

América Latina no es ajena a esta problemática. La región ha sido escenario de fraudes de gran escala —el caso Odebrecht, que involucró a empresas y funcionarios de múltiples países, es el ejemplo más emblemático—, de esquemas de corrupción sistémica en obras públicas, de fraudes en el mercado financiero y de flujos ilícitos de capital hacia jurisdicciones de baja transparencia.

El fraude corporativo internacional adopta múltiples formas: pagos indebidos a funcionarios extranjeros (sobornos), manipulación de estados contables para engañar a inversores, esquemas Ponzi con operaciones en múltiples jurisdicciones, fraudes en contratos de compraventa internacional, apropiación indebida de fondos corporativos y uso de estructuras offshore para ocultar el origen de activos ilícitos.

El Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de Estados Unidos y el Bribery Act del Reino Unido son los instrumentos de alcance extraterritorial más relevantes en materia de anticorrupción. Ambas normas permiten a las autoridades de sus respectivos países investigar y sancionar a empresas y personas que hayan pagado sobornos a funcionarios extranjeros, aunque la conducta haya ocurrido enteramente fuera de sus territorios, siempre que existan nexos con los sistemas financieros o corporativos de esos países.

La Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en Argentina en 2017, es un hito en la legislación anticorrupción local. Esta ley permite imputar y sancionar a personas jurídicas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y malversación, entre otros. La posibilidad de extinción de la acción penal mediante acuerdos de colaboración eficaz tiene implicancias directas sobre el diseño de programas de compliance en empresas con operaciones en Argentina.

La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) son los dos organismos con mayor relevancia en la investigación y persecución de fraudes y lavado de activos en Argentina. La UIF coordina con el GAFI y con sus pares regionales del GAFILAT para implementar los estándares internacionales de prevención y persecución del lavado de activos.

Los mecanismos de asistencia jurídica mutua (MLAT) son la herramienta formal de cooperación entre estados para la obtención de evidencia, la ejecución de medidas cautelares y el decomiso de activos en casos penales transfronterizos. Argentina tiene tratados MLAT con numerosos países, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil. La efectividad de estos mecanismos es, sin embargo, variable: los plazos pueden ser extensos y las exigencias formales a veces generan demoras que permiten al defraudador ocultar o transferir activos.

La recuperación de activos defraudados es uno de los aspectos más complejos de la persecución de fraudes transnacionales. Los despachos especializados en asset tracing combinan herramientas de inteligencia financiera, análisis forense contable, investigación corporativa y litigación internacional para identificar y recuperar activos ocultados.

Las órdenes de congelamiento (freezing orders o Mareva injunctions en el derecho anglosajón) son instrumentos procesales de alta efectividad cuando se activan con rapidez. Los tribunales de jurisdicciones como Inglaterra, Nueva York o Singapur son especialmente receptivos a este tipo de medidas cuando se acredita urgencia y riesgo de disipación de activos.

Los paraísos fiscales y los centros financieros offshore son la infraestructura habitual del fraude transfronterizo. La presión internacional liderada por el GAFI, la OCDE y el G20 para aumentar la transparencia financiera global —mediante el intercambio automático de información (CRS/FATCA), el registro de beneficiarios finales y los impuestos mínimos globales— está erosionando progresivamente este escudo.

El intercambio automático de información entre administraciones tributarias —el Common Reporting Standard (CRS) de la OCDE y el FATCA estadounidense— es una de las herramientas más poderosas para detectar activos no declarados en el exterior. Argentina adhirió a estos mecanismos, lo que permite al fisco argentino recibir información sobre cuentas bancarias que residentes argentinos tienen en el exterior.

La investigación forense contable es una disciplina especializada que combina conocimientos de contabilidad, auditoría, tecnología de la información y derecho procesal para identificar y documentar fraudes en registros contables y sistemas informáticos. Los profesionales de forensic accounting son actores esenciales en investigaciones complejas y su trabajo constituye evidencia clave en litigios y procesos penales.

La responsabilidad de los intermediarios —bancos, estudios de abogados, contadores, escribanos— en la prevención del fraude es un tema de creciente relevancia regulatoria. Las obligaciones de debida diligencia del cliente (KYC), de reporte de operaciones sospechosas y de abstenerse de realizar operaciones que se perciban como relacionadas con actividades ilícitas son cargas que estos actores deben gestionar con rigor.

El whistleblowing —la denuncia interna o pública de irregularidades por parte de personas que tienen información privilegiada— es una fuente importante de detección de fraudes complejos. La protección legal de los denunciantes es una condición indispensable para que este mecanismo funcione. En Argentina, el marco de protección de denunciantes está establecido en la Ley 27.401 para el sector privado.

En perspectiva, la lucha contra el fraude transfronterizo se beneficia de avances tecnológicos —inteligencia artificial para análisis de redes financieras, blockchain para trazabilidad de activos, big data para la detección de patrones de comportamiento sospechoso— pero también enfrenta adversarios que adoptan las mismas tecnologías para sofisticar sus esquemas. La forensic accounting, el whistleblowing protegido y la cooperación público-privada son los tres pilares de una estrategia moderna y efectiva de prevención y persecución del fraude económico.