Construcción, infraestructura y PPP: el marco legal para el desarrollo del sector

El sector de la construcción e infraestructura en Argentina enfrenta un escenario de reactivación paulatina, tras años de contracción vinculados a la inestabilidad macroeconómica y a la reducción del gasto público en obra pública. Las reformas implementadas desde fines de 2023 han buscado redirigir el rol del Estado —de ejecutor directo a facilitador de la inversión privada— y al mismo tiempo crear condiciones normativas favorables para el ingreso de capital privado en proyectos de infraestructura de gran escala. El régimen de Participación Público-Privada (PPP), el RIGI y la normalización del mercado inmobiliario configuran el nuevo mapa institucional del sector.

La Ley 27.328 de Contratos de Participación Público-Privada, sancionada en 2016 y modificada posteriormente, establece el marco jurídico para que el Estado contrate con privados la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura pública, con retribución que puede provenir de tarifas a los usuarios, pagos del Estado o una combinación de ambas. Esta ley ha sido utilizada en proyectos viales —los corredores de la red vial nacional— y tiene potencial de aplicación en otros sectores como salud, educación, agua y saneamiento.

La obra pública ha sido históricamente el principal motor de la demanda de construcción en Argentina. La retracción del gasto público en infraestructura desde 2024, como parte del programa de ajuste fiscal, ha impactado negativamente en la actividad del sector. Sin embargo, este impacto está siendo parcialmente compensado por la reactivación de la construcción privada —especialmente residencial y logística— y por la expectativa de ingreso de inversión privada en infraestructura a través de los marcos PPP y RIGI.

La industria de la construcción argentina tiene una relevancia económica y social que va más allá de su peso directo en el PBI. Genera empleo de baja y media calificación en grandes volúmenes, activa a una extensa cadena de proveedores de materiales —cemento, acero, cerámicos, cables, pinturas— y es uno de los sectores más sensibles al ciclo económico.

Los contratos de construcción en Argentina tienen características propias que el asesor legal debe conocer. Los contratos de obra pública se rigen por la Ley 13.064 y sus equivalentes provinciales, que establecen requisitos de licitación, redeterminación de precios, plazos y penalidades. Los contratos privados se rigen por el Código Civil y Comercial, que incorporó disposiciones relevantes sobre contratos de obra y servicios en sus artículos 1251 a 1279.

La responsabilidad del constructor por vicios ocultos es un tema jurídico de alta relevancia práctica. El Código Civil y Comercial establece plazos de garantía específicos para obras de construcción, incluyendo la responsabilidad del arquitecto y del constructor por ruina de la obra por un período de diez años. Las constructoras y sus aseguradoras deben gestionar estas responsabilidades de largo plazo con previsión técnica y jurídica.

Los proyectos viales —autopistas, autovías y rutas nacionales— han sido el área de mayor actividad bajo el marco PPP. Los corredores de la red vial nacional fueron licitados y adjudicados a consorcios privados que asumieron compromisos de inversión y mantenimiento a cambio del derecho a cobrar peaje. La renegociación de algunos de estos contratos durante la crisis de 2018-2019 generó tensiones con los concesionarios y planteó interrogantes sobre la previsibilidad regulatoria.

La infraestructura de agua y saneamiento es otra área con déficits de cobertura importantes, especialmente en áreas periurbanas y en localidades del interior del país. Los marcos regulatorios de agua y saneamiento varían significativamente entre provincias, lo que implica que cualquier inversión en el sector debe comprender el régimen jurisdiccional aplicable con precisión.

El sector de infraestructura portuaria y fluvial tiene una relevancia económica especial para Argentina, dado que el 90% de las exportaciones se realizan por vía marítima. La hidrovía Paraná-Paraguay, que conecta el corazón agroindustrial del país con el Océano Atlántico, es una pieza crítica de la logística exportadora. La renovación del contrato de concesión de la hidrovía fue un proceso de alta complejidad jurídica y política.

La infraestructura energética —gasoductos, poliductos, líneas de alta tensión— requiere inversiones masivas que el sector privado solo realizará con contratos a largo plazo y garantías regulatorias suficientes. La construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, parcialmente financiada con deuda y concluida en 2023, es el ejemplo más reciente de una obra de gran escala en este sector.

La tecnología BIM (Building Information Modeling) está transformando la ingeniería y la gestión de proyectos de construcción en el mundo. Argentina está en un proceso de adopción creciente de estas herramientas, que permiten la construcción virtual del proyecto antes de su ejecución física, reduciendo errores, optimizando costos y mejorando la coordinación entre especialidades.

La mediación y el arbitraje son mecanismos de resolución de conflictos especialmente adecuados para los contratos de construcción, dada la complejidad técnica de los mismos y la necesidad de soluciones rápidas que no interrumpan el avance de las obras.

La internacionalización de las empresas constructoras argentinas es una tendencia relevante. Algunas de las mayores constructoras locales —TECHINT, Roggio, Sacde— tienen proyectos en varios países de la región. Esta internacionalización requiere asesoría legal especializada en derecho contractual y regulatorio de múltiples jurisdicciones.

En perspectiva, el sector de construcción e infraestructura en Argentina tiene una demanda estructural que no está satisfecha. El deterioro acumulado de décadas en infraestructura de transporte, energía, agua y vivienda plantea una necesidad de inversión que supera ampliamente la capacidad fiscal del Estado. El desafío de política es crear los marcos regulatorios y los incentivos necesarios para movilizar capital privado hacia este sector, con reglas claras, previsibles y respetadas.

Para los asesores legales especializados en infraestructura y construcción, el panorama actual ofrece oportunidades en la estructuración de contratos PPP, la negociación de contratos EPC y de concesión, la asesoría en redeterminación de precios, la representación en procesos de licitación y en la resolución de disputas constructivas.